
CONTRAVOZ
El dilema entre la paz y la justicia*
Por Gonzalo Himiob Santomé
“Es una cuestión de saber cuál es el orden de las cosas. Creo que no es posible tener justicia sin paz ni es posible tener paz sin justicia, pero la cuestión, cuando uno está en medio del conflicto, es en qué orden tienen que darse las dos cosas”.
Kofi Annan
No están tan cercanos como suponemos, pero tampoco tan lejanos como podríamos temer, los tiempos en los que nos veremos confrontados a la disyuntiva, si es que en verdad es tal, de alcanzar la paz merced la coyuntural renuncia a la justicia plena o, al revés, de demorar o poner en riesgo la paz a favor de la que se perciba como inmediata e ineludible necesidad de hacer justicia contra quienes hoy, aunque amparados por el poder, más temprano que tarde tendrán que afrontar las consecuencias de sus acciones.
Habrá quienes piensen que se trata de un falso dilema porque sienten que no es posible ninguna paz real, en ningún contexto histórico, si ella se ha logrado a expensas de la justicia. En esta visión, propia de quienes se sienten y se saben víctimas directas de los abusos de los poderosos, la ley y su carácter reivindicador y civilizatorio toman primacía, y el castigo a los culpables de violaciones a los derechos humanos o de Crímenes de Lesa Humanidad, o de Guerra, por ejemplo, no puede hacerse depender de las necesidades políticas que, a veces, son diferentes de las normativas. En una asunción como la que precede -que puede materializarse en un momento de transición de un modelo de poder a otro- la persecución y el castigo legal contra quienes, habiendo estado en posturas de liderazgo formal, han violentado las más elementales reglas de vinculación poder-ciudadanía es un imperativo absoluto, aunque ello conspire contra la tranquilidad pública e impida pactos de mutua “no agresión” entre los diversos factores en pugna que faciliten el transcurso de, por ejemplo, un gobierno a otro.
Otros quizás también piensen que la falsedad del dilema es tal, pero no por las mismas razones que los anteriores. Y habrá así quienes crean que la paz colectiva, y la finalización definitiva de una modalidad de vinculación poder-ciudadano que se aborrece bien merecen, en ciertas coyunturas históricas y por ponerlo en términos sencillos, hacerse de “la vista gorda” con respecto a por lo menos algunas de las pasadas afrentas. Esta visión distinta no es posible, ciertamente, en quien se sabe o se percibe como víctima directa de los abusos previos, pero sí lo es en quienes se visualizan más como estadistas o como conductores de los citados procesos de transición y asumen que las luchas por las reivindicaciones sociales o políticas discurren en una suerte de “campo de batalla” en el que, como en todo trance bélico, siempre cabe esperar bajas sobre las que, aunque reconocidas en su justa importancia, no vale la pena ahondar en demasía si ello amenaza con obstaculizar el cambio que se propone y se desea.
En ambos casos, nótese, justicia y paz van de la mano, la una no niega a la otra, pero en la primera de las visiones se le otorga preferencia a la justicia sobre la paz mientras que en la segunda aquélla no es más que una consecuencia que, hasta cierto punto, está subordinada a ésta.
De entrada propongo que los conceptos de justicia y de paz –a nivel macrosocial- no son excluyentes. De hecho, pienso que los mismos son correlativos e interdependientes. Esto quiere decir que no es posible una verdadera paz a futuro si ella no presupone, de cara a las víctimas de quienes han abusado de su poder, que se haga justicia y que se reconozca el grave daño a la humanidad como conjunto que éstos abusos implican –sin revanchismos, pero con contundencia- por lo menos a los niveles simbólicos necesarios para sentar los predecentes que sirvan de base a la conjura de males futuros. Proponer –como se trató hace décadas en Argentina- leyes de amnistía general o de “punto final” que de alguna forma garantizaban la impunidad de quienes desde la intolerancia atentaron contra la más elemental dignidad humana de la ciudadanía no es, necesariamente, sinónimo o causa de tranquilidad pública y, de hecho, eleva significativa y negativamente los costos políticos de cualquier transición de un modelo de poder a otro. Y hasta la pone en riesgo. Es por ello que el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y nuestra Carta Magna -por ejemplo en su Art. 29- disponen que ciertos hechos (los Crímenes de Lesa Humanidad o los Crímenes de Guerra, entre otros) no pueden jamás permanecer sin castigo merced cualquier prerrogativa o elaboración que promueva la impunidad de sus responsables.
El quid de asunto lo constituye, en mi humilde criterio, la afirmación de Kofi Annan que encabeza esta entrega. No es tanto la existencia de paz o de justicia –o la necesidad de que se logren ambas- lo relevante al dilema. De hecho no creo que deba discutirse que paz y justicia son presupuestos esenciales –ambos- al desarrollo de nuestra mejor convivencia. Tampoco lo es la consideración sesgada de si una u otra –la paz o la justicia- deben privar o tenerse como “más importantes”, respectivamente, la una sobre la otra si la coyuntura social lo demanda. La cosa va, según lo considero, por el lado de cuál de las aspiraciones sociales o colectivas debe promoverse y hacerse valer, cuando corresponda, primero: La paz colectiva, o la justicia civiladora.
Llegará el momento de enfrentarnos a ése, que sí es ciertamente un dilema trascendente. Llegará el tiempo de precisar qué ha de venir primero, si la justicia o la paz, y será este el tiempo también en el que al liderazgo político le tocará sopesar qué es lo que más conviene, en una primera instancia, a la nación entendida como un todo del que seguirán siendo parte tanto los vencedores de las luchas libertarias como los oprobiosos vencidos. Y es allí dónde se verá si somos de la talla de quienes juraron “freír en aceite” las cabezas de quienes ya en ese momento no se percibían como adversarios políticos sino como enemigos de guerra o si, por el contrario, estaremos a la altura del compromiso que se asuma y, como verdaderos estadistas, podemos garantizar –y nadie dice que sea sencillo- que no se jugará a la “intolerancia a la inversa” –que al final, es igual intolerancia- o a ser lo mismo que era aquello que se adversaba. Y tocará hacer las determinaciones del caso, y actuar en consecuencia, valorando también la necesidad indiscutible de garantizar la paz con una mínima cuota de laxitud en la aplicación de la ley -así sea temporalmente- pero ser igualmente severos en el castigo de aquellos a los que no cabe, y sí es absolutamente imposible, perdonarles sus iniquidades.
¿Estaremos, llegado el trance, listos para asumir un compromiso histórico de tales proporciones con los costos –que los tendrá, ciertamente- que éste implica?
*Publicado en "La Voz" el 20 de Diciembre de 2009


