Carta abierta a Hugo Chávez

CONTRAVOZ
Carta abierta a Hugo Chávez *
por Gonzalo Himiob Santomé

No quiero referirme acá, Presidente, a las al menos tres oportunidades, en las que como cultor del diálogo que siempre he sido y soy, he dirigido comunicaciones formales a su despacho, invitándolo a discutir cuando y dónde usted lo prefiera, y más allá de nuestras diferencias ideológicas, sobre los temas en los que éste ciudadano, merced su especialidad y su desempeño profesional (derecho penal, criminología y DDHH), puede brindarle con toda modestia algunas luces.

No dudo que haya muchos otros que quizás puedan hacerlo mejor que yo, pero estando situado quien suscribe en las filas opositoras, siendo yo de esos a los que usted llama “escuálidos”, “traidores” y demás, quizás podría haberle ofrecido, como lo mantengo aún ahora, algunos datos de interés que pudieran haber contribuido a la mejora, por ejemplo, del sistema penitenciario o del sistema judicial desde una visión diferente a la que hoy nos hace ser uno de los países con más deuda social asociada a éstos, y a las pruebas me remito.

Esas comunicaciones, que por cierto ni siquiera tuvo usted la delicadeza de responder jamás, como corresponde a sus obligaciones y aunque fuera de manera negativa, las remití en su momento a Miraflores, con el mismo ánimo que me impulsa ahora a escribirle estas líneas: Se las envié para de alguna forma tratar de buscar, cual ha sido siempre mi consigna, puntos de encuentro sobre los que sin mezquindades y pasando por encima de nuestras diferencias, nos pudiésemos poner a trabajar para el bien general de la nación; pero también para recordarle, que los principales deberes de todo gobernante, y precisamente porque entiendo que eso le ha de ser difícil, son el de dar respuesta a las solicitudes de sus ciudadanos y el de sentarse a hablar, porque usted debe rendir cuentas (como todos) de su gestión; sobre los temas nacionales incluso con quienes le puedan resultar incómodos en sus planteamientos. Esa, que no la agresividad o el desconocimiento del opuesto, son cualidades que debe tener todo estadista que se precie de serlo realmente.

En esto de haberle solicitado alguna vez audiencia puede haber algo de ingenuidad de mi parte, pero lo cierto es que no concibo un país para mi hija en el que las diferencias políticas, o ninguna otra, nos impidan sentarnos a conversar, sin apasionamientos y con cabeza fría, sobre los tópicos que nos guste o no nos afectan a todos.

Así que ahora le escribo con la misma intención, y créame que no busco en esto confrontación, sino convencimiento. No le escribo para tocar esos otros temas sino para abordar otro que para muchos venezolanos es de capital importancia: La necesaria, hasta cierto punto valdría decir indispensable, promulgación de la “Ley de Amnistía y Reconciliación Política” que fue presentada a la AN el pasado 2 de febrero, y que a la sazón, ya había sido presentada a esa misma instancia en dos oportunidades previas (en 2007 y en 2009), con el apoyo de las firmas ciudadanas necesarias de acuerdo a lo dispuesto en nuestra Carta Magna.

Como usted sabe, en esas dos previas ocasiones, por esos absurdos de la política nacional que tanto daño nos hacen (y utilizo el “nos” deliberadamente), la AN no cumplió con el deber que le impone la Constitución de someter a discusión, a más tardar en el periodo de sesiones ordinario siguiente al momento de su presentación, los proyectos previamente presentados por los ciudadanos. No es que tales proyectos debieran debatirse por capricho de quienes los promovimos, sino porque así lo dispone la incuestionable orden expresa del Art. 205 de la Bolivariana. Pero esto no pasó. ¿Qué ha debido suceder entonces? El Art. 205 antes citado (le pido lo revise para evitar equívocos), ordena que cuando la AN incumple con el deber de debatirlos, a quien le toca decidir si un proyecto de ley presentado por los ciudadanos “va o no va”, es decir, si se promulga o no, es al pueblo. El CNE debió haber convocado de inmediato, así lo expresa el artículo que le comento, en ambos casos, a un Referendo Aprobatorio para que el pueblo decidiese si quería comenzar a reconstruir al país desde la reconciliación, la tolerancia y el diálogo, o si quería que se destruyese de la mano de tribunales y autoridades que sirven más a la intolerancia y a la arbitrariedad, que a nuestros más queridos valores republicanos.

Sin embargo, eso tampoco ocurrió. El CNE se “hizo el loco”, y como pasa con lamentable frecuencia en nuestra nación, tuvimos que “inventarnos” dentro de los canales constitucionales y legales “una nueva”. Nos servimos el pasado mes de febrero del éxito opositor alcanzado en las parlamentarias, y ante los diputados electos, llevamos de nuevo el proyecto (el mismo que ya había sido presentado en dos ocasiones antes), para que con base en el numeral 3º del Art. 204 Constitucional, lo presentaran en un número no menor de tres a la Plenaria de la AN para su discusión. Ello se hizo, pero sin embargo seguimos igual: La recientemente publicada Agenda Legislativa para este periodo nos demuestra que las diferentes comisiones de AN prefirieron ponerse a discutir otras leyes distintas, dejando “por fuera” a la “Ley de Amnistía y Reconciliación Política”, con lo cual flaco favor se le está haciendo al país.

Note usted que las vías que se han utilizado para promover el debate legislativo sobre la Ley de Amnistía, en ninguna de las oportunidades, son la de la fuerza o la del desconocimiento de la Carta Magna. Ni siquiera han sido las del cuestionamiento a las instituciones sino, por el contrario, las del reconocimiento de éstas. En todos los casos se han utilizado los mecanismos formales y no hemos más que reclamado que se cumplan las normas Constitucionales que rigen estos temas. ¿Por qué, le pregunto entonces, el ensañamiento? ¿No dice usted continuamente que en nuestro país “con la Constitución todo, sin la Constitución nada”? Si el pueblo ha debido decidir en las dos ocasiones previas sobre si quería darse o no una Ley de Amnistía (muy parecida, por cierto, a la que ustedes, los que están en el poder, se dieron a sí mismos en el año 2000) ¿por qué se le ha negado su “participación protagónica” y no han sido propuesta la Ley de Amnistía para Referendo Aprobatorio, como lo ordena, que no es que “lo sugiera”, nuestra Carta Magna?

Le invito, una vez más, a reflexionar sobre estos temas. Una cosa es que usted no crea que durante su gobierno, al igual que ocurría en la que usted llama la “Cuarta República”, exista persecución política, y si es así allí tiene a sus diputados y diputadas para que lo defiendan, a usted y a su gestión en la AN si es el caso; pero otra cosa muy diferente es que usted y sus acólitos le nieguen al pueblo al que se deben el cumplimiento de lo pautado en nuestra Constitución. En cualquier país democrático, Presidente, el pueblo tiene derecho, y algunos lo vemos hasta como un sagrado deber, a estar en desacuerdo con usted y con su gobierno, y además tenemos derecho a valernos de los mecanismos institucionales para intervenir directamente y decidir (de manera “protagónica” diría usted), sobre los asuntos que tengan especial trascendencia nacional. Es más, aunque a usted quizás lo le agrade leerlo, tenemos derecho a decidir a través de las vías Constitucionales, cuáles son esos “asuntos trascendentales” sobre los que queremos decidir, aunque usted no quiera verlos así. Eso también lo dice la Constitución.

Usted se benefició en su momento de una medida, legal y constitucional, que le “perdonó”, por decirlo de alguna manera, hechos suyos que eran tan delictivos como los que desde sus filas se les endilgan ahora, las más de las veces sin base, a muchos opositores. ¿Le teme usted a dejar que sea el pueblo, sea vía referendo o mediante la discusión de la Ley de Amnistía en la AN, quien decida si quiere cerrar el capítulo de la persecución por motivos políticos? Yo, por el bien del país, espero que no.

La pelota, Presidente, está en su campo.

*Publicado en el Diario "La Voz" el 20-03-11