Todos somos criminales

CONTRAVOZ
Todos somos criminales *
por Gonzalo Himiob Santomé

Uno de los aspectos más duros de lo que vivimos en estos años de Chávez en el poder, es que todos incluidos quienes han militado y hasta aún militan en las filas del oficialismo, hemos sido tenidos y tratados a conveniencia como criminales. Esto es muy grave, dado que no hay nada que desmoralice más a un pueblo y nada que atente más contra la protección de nuestros valores más esenciales, que el sabernos percibidos, al menos potencialmente, como delincuentes o como sujetos siempre vulnerables en cualquier eventualidad política, a la acción caprichosa del sistema penal.

Esto genera una gran inseguridad no sólo jurídica, sino también personal y hasta emocional. Nos fuerza a tratar de sobrevivir sólo a punta de miedo, de desconfianza frente a los demás, y lo que es más grave frente al propio gobierno, que se supone está puesto allí para protegernos, por nosotros, que somos el verdadero soberano, del que el presidente y todos los demás funcionarios públicos no son más que subordinados.

Traeré a colación algunos ejemplos, para demostrar que nuestro gobierno se sirve del etiquetamiento criminal como mecanismo de control, no sólo contra la disidencia y la oposición política, sino también contra sus propios seguidores, cuando por las razones que sea le resultan incómodos o “políticamente poco rentables”.

Recuerdo por ejemplo las protestas que tuvieron lugar durante el Paro Cívico Nacional de 2002-03, y cómo cada uno de los que participaron en éstas, más allá de que ello era y es nuestro derecho constitucional inalienable, fueron tratados como criminales. Recuerdo también los sucesos del 11 de Abril de 2002, y cómo a todos los que participamos de alguna manera y desde la oposición en tales eventos, se nos ha llamado desde “traidores a la patria” –recordemos que a los familiares de algunas de la víctimas mortales de estos hechos, el presidente les solicitó la apertura de una investigación penal por traición- “rebeldes”, “apátridas” y “asesinos”, hasta estúpidos, como si quienes participamos en aquélla multitudinaria marcha no fuésemos más que borregos manipulables sin conciencia o voluntad propias.

Militares como Ángel Vivas, Usón y Gebauer, jueces como Yuly López, los ex magistrados de la Corte Primera Contencioso Administrativo Mónica Fernández, y la más emblématica, María Lourdes Afiuni, también han sido tratados como criminales desde el gobierno sólo por no haber bajado la cerviz ante las autoritarias demandas del poder. También tenemos los casos de cerca de trescientos estudiantes estigmatizados como delincuentes sólo por haber protestado contra la fallida –al menos formalmente- reforma constitucional de 2007, y decenas de casos de periodistas y de dueños de medios de comunicación, que también han sido pasados por los filos del sistema penal sólo por mantener cual es su derecho -y en situaciones como las que vivimos, su deber- una postura crítica ante los desmanes gubernamentales.

Últimamente se insertan en esta ola estigmatizante los constructores, al menos los cientos de ellos que no incurrían en prácticas deshonestas, y que por el contrario contribuían decididamente a aliviar el grave problema de la carencia de viviendas; los comerciantes de todo nivel, casi todos ellos “acaparadores”, “usureros”, etcétera, al menos en la distorsionada visión del gobierno –claro, a menos que militen en las filas oficiales, caso en el cual son “paradigmas de conciencia social”- y ahora los propietarios de inmuebles, que son vistos generalizando de manera muy sesgada por cierto, como las “brujas malas” de absolutamente todos los cuentos que tienen que ver con inquilinos y conserjes.

En esta barbarie populista etiquetadora, destaca el trato que desde el poder se le ha dado a los gerentes, directivos, empleados y hasta a los usuarios de las diferentes Casas de Bolsa intervenidas en nuestro país desde diciembre de 2009. Una reciente decisión tribunalicia concluyó, contra lo que las normas cambiarias y la misma ley dicen expresamente al respecto, que las operaciones con los denominados TICC (Títulos de Interés y Capital Cubierto) hechas en divisa foránea eran “ilegales” y “delictivas”. Lo grave de esto no es sólo que la ley y los convenios cambiarios desmienten definitivamente al ígnaro juez –éste obvia, por simples y serviles motivos de demagógica conveniencia política, que el BCV había autorizado la negociación de estos títulos en divisa extranjera en el mercado secundario, y que la ley y el Convenio Cambiario No. 4 permitían el intercambio de estos títulos en moneda foránea- sino que con ello se nos ha disminuido a la categoría de criminales, a los casi dos millones de personas de todo nivel que recurrimos a estas herramientas, para cuando pudiésemos, resguardar algo de nuestros capitales, y tener seguros algunos de nuestros ahorros, en monedas mucho más “musculosas” y seguras que nuestro depauperado y debilucho “Bolívar Fuerte”. La ironía es que muchos, muchísimos, de estos “nuevos criminales” son precisamente funcionarios del gobierno y hasta ciudadanos oficialistas, que amparados por la ley, negociaron con estos títulos a través de las casi ya extintas Casas de Bolsa serias y honestas de nuestra nación de las que por ejemplo Econoinvest era un verdadero paradigma.

También hay que resaltar la igualmente reciente decisión de la Sala Constitucional (del 27/05/11) del TSJ con respecto a los casos de los banqueros, en la que por razones de supuesto “interés colectivo” se usaron a las leyes y a los principios penales más elementales –sí, esos que están protegidos y objetivados en nuestra Constitución- como papel toilette, sólo para mantener penalizadas e investigadas a personas –a muchas de ellas incluso privadas de su libertad- por motivos políticos, cuando la propia ley ya había despenalizado las conductas por las cuales se les habían abierto diferentes investigaciones penales. La ley había dicho que ciertas conductas de los banqueros, antes tenidas como delictivas ya no lo eran, pero luego el TSJ dijo que esto había sido “inconstitucional” y por control difuso de las normas –creo que lo “difuso” fue el razonamiento de los magistrados- se ordenó la “repenalización” de las conductas, que antes ya habían sido tenidas como no delictivas. ¿Para qué? para no tener que liberar de responsabilidad, como debió haber ocurrido en buen derecho, a los que habían sido investigados por tales hechos.

El gobierno no sólo ha criminalizado a muchos sólo para mantener muchas de sus erradas posturas políticas, sino que además ha hecho sentir a sus seguidores, que para hacer valer sus derechos, lo “válido” es que se conviertan también en criminales. Preguntemos por ejemplo a cualquiera de los invasores de propiedades ajenas –ahora apoyados por las milicias, además- si se sienten o no “legitimados” para cometer estos crímenes, que a no dudarlo lo son. El poder está “creando” criminales a conveniencia y de esto sólo cabe esperar un futuro muy negro.

*Publicado en el Diario "La Voz" el 05/06/11