Entre Usón y Álvarez Paz

CONTRAVOZ
Entre Usón y Álvarez Paz *
por Gonzalo Himiob Santomé

Es un hecho que el uso del sistema judicial como arma de intolerancia política en este gobierno es una constante. Son miles ya –hemos contabilizado más de tres mil- las investigaciones penales abiertas en los últimos doce años, contra personas, e incluso contra empresas e instituciones, por motivos políticos y sin base jurídica alguna, como no sea la netamente formal. En todos los casos se distinguen varios elementos que conviene destacar, a los efectos de demostrar la sistematicidad de la política persecutoria contra la disidencia y la oposición, que se ha implementado en nuestro país, desde que Hugo Chávez asumió la presidencia en 1998.

Sin ánimos de excluir a ningún otro, me serviré del conocimiento que tengo muy cercano, de dos casos emblemáticos, para evidenciar lo que ha sido esta barbarie judicial institucionalizada que ahora padecemos: El caso de Francisco Usón, condenado a cumplir la pena de cinco años y seis meses de prisión por haberse atrevido a opinar, técnicamente además, en relación a algunos aspectos del caso de los soldados quemados en Fuerte Mara, y el caso de Oswaldo Álvarez Paz, recientemente condenado a cumplir dos años de pena por haberse atrevido a opinar, y por exigir que se investigara, si era cierto o no, que nuestro gobierno mantiene relaciones con grupos terroristas y con el narcotráfico. En ambos casos hay varios aspectos comunes, que reitero es menester concordar, para comprender mejor de qué manera es que nuestro gobierno utiliza la justicia como arma política.

En el caso de Francisco Usón vemos que la averiguación, se abre en primer término como retaliación política. Había sido militar activo, Ministro de Finanzas y había ocupado con honestidad y eficiencia varios puestos públicos en este gobierno, hasta que el 11 de Abril de 2002 topó de frente con la realidad de un poder que no estaba sino para ser ejercido en beneficio de un solo hombre, al que no le temblaba además el pulso para servirse de la muerte y del abuso, para continuar gobernando a costa de lo que fuera. En el caso de Álvarez Paz no ocurrió lo mismo, pues éste siempre fue un acérrimo opositor, pero tampoco se le aceptaba que teniendo el peso que le confiere el haber sido candidato presidencial, y figura prominente y respetada de un importante partido político, asumiera las posturas directas y frontales que exhibe con credibilidad y firmeza. La causa inicial, lo que los pone a ambos entonces en la “mira política” del régimen, es precisamente el escozor que ambos generaban en el poder, que como todo poder autoritario no admitía ni admite cuestionamientos ni críticas.

Hay más, habiendo sido el abogado de Usón durante todo lo que duró su caso, pude claramente darme cuenta que lo que verdaderamente ocultaba la investigación que se le abrió era la necesidad, en aquel momento insoslayable para el gobierno, de dejar claro que su “mentira oficial” sobre los sucesos de Fuerte Mara era la única versión “aceptable”. En aquel momento se discutió si los soldados de Fuerte Mara podrían haber sido quemados con un lanzallamas, a lo cual Usón respondió como experto que es en el tema, que “si eso era así sería muy grave pues implicaba premeditación”. De allí, por absurdo que parezca, nació su condena. Lo mismo ocurrió con Álvarez Paz, las contundentes evidencias que empezaron a surgir en su momento de la mano de la justicia española, nos llevaron a todos los venezolanos a cuestionarnos si era cierto o no que nuestro gobierno, con Hugo Chávez al frente, favorecía tratos con terroristas y narcotraficantes. Álvarez Paz sólo hizo lo que cualquier ciudadano en su posición, y con conciencia, hubiera debido hacer: Reclamar que eso se investigara a profundidad, pero no, la “mentira oficial” necesitaba desesperadamente consolidarse para que todos nos comiéramos el cuento de que Chávez y muchos de sus funcionarios son inocentes corderos, que sólo se ven maculados en sus “prístinas” intenciones por los írritos manejos de la CIA y del “Imperialismo”, por lo que había que silenciarlo. Había que evitar que se investigara la verdad porque como ocurre siempre en los autoritarismos la verdad duele a los poderosos.

¿Cómo en ambos casos se les silenciaba? ¿Cómo se acallaban esas voces contundentes y honestas que reclamaban justicia y verdad? Pues de la manera más autoritaria posible: Recurriendo, en la jurisdicción penal, al abuso de poder y a la violación de las más elementales garantías procesales en uso de tipos penales de una dudosa y subjetiva formulación que abonara, como ocurrió en ambas situaciones, un exacerbado “decisionismo judicial” –así se le llama a este vicio autoritario en la doctrina penal- que fuera a la vez fuente de las más amplias, irrestrictas, represivas y absurdas interpretaciones judiciales posibles.

Me explico, la moderna doctrina penal, garantista y democrática, merced el principio de la estricta legalidad, que está consagrado además en nuestra Carta Magna, exige que los delitos sean formulados en nuestras leyes de la manera más clara y precisa posible de forma que sea la norma, que no las siempre subjetivas “opiniones personales” de los jueces, la que decida qué es punible y qué no es punible. Si por ejemplo, el delito de homicidio es claro en su formulación (se castiga al que intencionalmente “de muerte” a otro) hay otros delitos, los llamados “delitos de opinión”, o también los denominados “tipos indeterminados”, o los “tipos abiertos”, que tienen un contenido y alcance mucho más difícil de precisar pues están redactados de manera imprecisa para que casi toda conducta “quepa”, a conveniencia del juzgador, en ellos. A Usón se le condenó por “Injurias a la Fuerza Armada Nacional”, sin precisar por supuesto nunca en qué había consistido su supuesta “ofensa” ni bajo los estándares de quién podía medirse si una institución podía verdaderamente ser “injuriada”. A Álvarez Paz se le condenó por “difusión de noticias falsas” –sin siquiera tomarse el trabajo de averiguar pues no interesaba, si lo que estaba solicitando que se investigara era cierto o no- y por “instigación al odio”, sin precisar como siempre lo omite al abuso, en quiénes se había generado tal odio, o al menos si hacer lo que él hizo, esto es exigir la verdad , que es además nuestro sagrado derecho, tiene o no la entidad necesaria para hacer nacer -que eso es lo que es “instigar”- en alguien tan poderosa emoción.

Lo importante para el poder, en ambos casos, no era la determinación de la verdad, sino hacer valer una postura política, una “mentira oficial” del gobierno, ante adversarios honestos y con credibilidad. Lo importante no era saber, con base en lo que dicen las leyes, que no en lo que se chismea en el “Aló Presidente” o en “La Hojilla”, si Usón o Álvarez Paz eran delincuentes o no sino estigmatizarlos como tales, violando además en ello todas las previsiones legales posibles. En ambas condenas no hay sino mentiras disfrazadas de legajo judicial, nada más. Ya la Corte Interamericana de DDHH así lo determinó en el caso Usón; y estoy seguro de que lo mismo ocurrirá, cuando la justicia real llegue, que llegará, en el caso de Álvarez Paz, y en los muchos otros en los que al gobierno al igual o peor que en la que mientan la “IV República”, le da por ser adalid de intolerancia y de abusos sin límites.

*Publicado en el Diario "La Voz" el domingo 17/07/11