
CONTRAVOZ
Sin Rodeos *
por Gonzalo Himiob Santomé
Al consignar esta entrega, pese a algunos avances, la crisis en El Rodeo se mantiene. Es una situación sin precedentes, que debe llamar nuestra atención por la manera equivocada en mi criterio, en la que se ha conducido el gobierno, pero además, por la forma en que nosotros mismos como ciudadanos encaramos la crisis penitenciaria en general.
Destaco que no se trata de hacer una suerte de apología al delincuente, que ponga sobre los hombros del poder toda la responsabilidad por el cariz que han tomado las cosas. Ningún país civilizado permite que los reclusos de una institución penitenciaria, tomen el control de la misma por la fuerza usando armas de alto poder. En cualquier parte del planeta, si así ocurriera, el gobierno estaría en la obligación de tratar -dentro de los parámetros de lo racional, de lo legal y de lo humano, eso sí- de volver las aguas a su cauce. Hemos visto graves abusos en el uso de la fuerza y muchas manifestaciones impropias en lo que se supone es un gobierno “socialista y humanista”, pero también es cierto que al poder de fuego que han mostrado los reclusos, y a la determinación que demuestran en el mantenimiento de su postura no se puede responder sino con firmeza y claridad.
Dicho esto, creo que quizás lo más adecuado lejos de atacar los síntomas solamente, que es lo que se está haciendo y de una manera muy poco efectiva, es analizar las causas de la enfermedad que aqueja desde hace décadas a nuestro sistema penitenciario. Estamos pagando las consecuencias de haber relegado a nuestras cárceles y a nuestros presos a los más oscuros cajones del olvido y la desidia, y de ello no cabía esperar sino lo que hoy se vive no sólo en El Rodeo sino en todas las demás instituciones penitenciarias de nuestra nación.
Zaffaroni ya había destacado en sus múltiples trabajos sobre el tema, que las notas distintivas de los sistemas penales latinoamericanos, de los que hace parte el sistema penitenciario venezolano, son la violencia, la corrupción y la selectividad. A ello se añade que el paradigma que impulsa casi todas las reformas penitenciarias recientes, el de las filosofías “re” (la “resocialización”, la “reinserción”, etc.) está francamente a contrapelo de lo que ha sido la demostración palpable, de que si algo ha mostrado ser imposible es enseñar a alguien a vivir en libertad, privándolo precisamente de su libertad. Lo demuestran, para más señas, los altos índices de reincidencia que se observan no sólo en nuestras latitudes, sino en otros países mucho más avanzados en sus prácticas carcelarias.
Pese a las buenas intenciones que abonan los esfuerzos por tratar de resocializar a los reclusos –tal como lo recoge nuestra Carta Magna y nuestras leyes penitenciarias- lo cierto es que la cárcel, como “institución total”, no sirve para eso sino para por el contrario afianzar y potenciar en los prisioneros sus rasgos más negativos. Ante esto, sólo quedan las opciones de atribuir a la prisión una función netamente retributiva –al mal del delito ha de seguir el mal de la pena y punto- o la mucho más moderna, humana y avanzada función de hacer disminuir los factores de vulnerabilidad a la acción del sistema penal en los delincuentes, y en la ciudadanía en general, sobre la base del reconocimiento de que los primeros que fallan en la llamada “socialización primaria” son la sociedad y el poder.
Así, el primer problema que tenemos con este tema es de orden filosófico. Nos empeñamos en que las prisiones sirvan para lo que no sirven, descuidamos la educación y la atención de las necesidades básicas, y nos aferramos a la “resocialización” del que ha fallado, pensando que quitándole a una persona toda posibilidad de decidir sobre cualquier aspecto de su vida, podremos enseñarle a tomar decisiones en libertad, lo cual es evidentemente un contrasentido. Son muy pocos los “casos emblemáticos” que sirven al poder para legitimar el ideal resocializador, y nuestras cárceles son, como es común decir, más “universidades del crimen” que factores de generación de valores positivos.
Otro problema grave es que nuestro sistema penal, como lo destaca Zaffaroni, es francamente violento. Más reclusos mueren en nuestras cárceles al año, que los que mueren en el mismo periodo en casi todas las cárceles latinoamericanas juntas. En estas condiciones no es de extrañarse, que sumada esta condición inhumana al hacinamiento que se padece todas nuestras prisiones sean virtuales bombas de tiempo. El sistema también es corrupto, y en esto no cabe discusión alguna. Quienes hemos vivido como penalistas sabemos que en una cárcel desde el alimento y el espacio para dormir, hasta la relativa seguridad y los traslados a tribunales, pasando por las armas, las drogas; y hasta cualquier “privilegio” lícito que requiera una mínima dignidad en la subsistencia, se paga. Las armas que tienen los reclusos no nacen en las matas, fueron llevadas allí ante la cómplice y bien pagada mirada de muchos de los funcionarios encargados de los presos, que se han beneficiado de las circunstancias, para ganar dinero a costa de las necesidades, lícitas o no, de los reclusos.
Por último, nuestro sistema penal es aterradoramente selectivo, y es un instrumento de exclusión social y hasta racial, pues sólo dirige sus cañones, salvo contadas excepciones, contra los más humildes de nuestra sociedad, respondiendo además a estereotipos étnicos precisos, obviando con saña que muchos otros criminales, los de “cuello blanco” como los llamó Sutherland, cometen sus felonías a sus anchas sin nadie que les ponga coto, porque son de un estrato social más favorecido y forman parte de los factores del poder dominante.
Consideremos lo anterior y sumémosle que tenemos una población de más de 45.000 reclusos, de los cuales más del 70% son procesados, no condenados –lo que implica que están amparados por la presunción de inocencia, y que deberían ser juzgados en libertad- apretujados en prisiones que sólo tienen apresto y espacio para recibir a cerca de un tercio de aquella cantidad. Añadámosle al cóctel que mucho, muchísimo menos, de lo que la “revolución humanista” invierte en juguetitos bélicos para guerras imaginarias, es lo que se invierte en mejorar nuestra infraestructura penitenciaria, y que nos duela o no, al común de las personas le sigue pareciendo válida aquella vieja consigna –me perdonan el “francés”- de que “preso es preso y su apellido es mierda”. Habiendo hecho todo esto preguntémonos ¿No será que en realidad todos, por acción u omisión, somos en parte responsables de lo que se vive en nuestras cárceles?
Es momento de afrontar la verdad, de nuestra inadecuada postura ante un sistema que sólo sirve para reproducir lo que se supone está destinado a combatir. Es hora de aceptar, que hemos fallado y de comenzar a preguntarnos si no estaremos lidiando con el mismo problema, de siempre de la misma vieja manera que nunca, jamás, ha funcionado. Sólo así podremos convencernos de la necesidad de cambiar nuestra aproximación al tema y así quizás empezar a transitar sin rodeos, el camino a la verdadera humanización carcelaria.
*Publicado en el Diario "La Voz" el 10/07/11


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